| Summary: | A principios de septiembre de 2010, el presidente Dimitri Medvedev anunció de manera sorpresiva la voluntad por parte del gobierno ruso de recaudar el equivalente a 50 billones de dólares por concepto de privatizaciones en un período de 5 años. Este programa de privatizaciones estaría destinado a la modernización de la economía rusa, ya que permitiría al Estado recaudar suficientes recursos como para financiar algunos proyectos emblemáticos rezagados del último periodo, como por ejemplo, la modernización de la infraestructura vial y de ferrocarriles. Esta decisión del Kremlin, nada infrecuente si la comparamos con otras iniciativas de países del BRIC, se destaca sin embargo en Rusia por su importancia relativa -la ausencia de un programa de privatizaciones en más de una década- así como los objetivos formales de esta iniciativa del gobierno Medvedev-Putin. Cabe entonces preguntarse dónde se sitúa esta venta de activos públicos en el historial de reformas económicas rusas, en qué se distingue de los programas de privatizaciones anteriores, y en qué medida podrá cumplir con los objetivos de modernización que le están intrínsecamente asociados. **** El abandono de una economía administrada hacia una economía basada en los principios del libre mercado fue sin duda una gran transformación, en el sentido que le atribuye Karl Polanyi, y constituyó por sí sola una revolución en esta tierra de revoluciones. El reparto de este pieza chekoviana incluyó como telón de fondo a un Estado en plena descomposición y, como actores principales, a una clase de poderosos administradores de empresas públicas estratégicas y a un conjunto de cuadros económicos miembros del komsomol, localizados en agencias estatales estratégicas que aprovecharon su acceso a información privilegiada del programa de privatizaciones para asirse de una masa critica de capital fijo . Este proceso de acumulación, bien conocido en otras épocas de desarrollo del capitalismo occidental , tuvo en Rusia una dimensión mucho más violenta ya que resultó en una pugna feroz entre estos dos grupos, en la medida en que el Estado condujo el proceso de privatización confiado en la capacidad de los actores sociales a adaptarse rápidamente a las nuevas reglas del juego y devenir agentes económicos ex nihilo. Con igual candor o premura, el gobierno de la época confió en la capacidad de estabilización automática del mercado, lo que llevó a generar desequilibrios fundamentales en la conducción de la política económica, que se tradujeron en un déficit público exorbitante, pero también en la definición de un cuadro jurídico que permitiese generar un conjunto de reglas básicas, tales como la seguridad de la propiedad privada y de las inversiones. La segunda y tercera ola de privatizaciones en 1994 y 1995 respectivamente, consolidaron el poder de estos actores que habíamos descrito con anterioridad y consolidaron el poder de los oligarcas rusos por sobre un Estado débil, sistemáticamente inestable y dependiente de una entrada continua de capitales nacionales y extranjeros para solventar el pago de las tan necesarias prebendas a caciques regionales. La reelección de Boris Yeltsin fue así el resultado de este acuerdo entre bambalinas con este grupo de magnates, que ya controlaban a sectores claves de la economía rusa, y que además habían adquirido importantes imperios mediáticos (NTV) que fueron claves para asegurar la primacía de la candidatura oficialista frente a un electorado con bajos niveles de instrucción cívica. Como contrapartida de la reelección del ya enfermo presidente el Estado ruso, se inauguró una tercera ola de privatizaciones llamada de “préstamos a cambio de acciones” por la cual un grupo restringido de actores económicos (i.e. los oligarcas) recuperaron importantes paquetes accionarios en empresas públicas a cambio de la entrega de una fracción del precio real de estas empresas a un Estado desesperado en busca de recursos. Esta privatización fue sin duda la más importante del punto de vista estratégico -así como la más controvertida – ya que incluyó a empresas del sector energético (Sibneft, Sugruneftegaz, Lukoil, Yukos) y siderúrgico (Norilsk Nickel, MECHEL). La última etapa de este proceso de acumulación fue llevada a cabo durante el segundo mandato de Yeltsin (1995-1999) con la constitución de conglomerados financiero-industriales que aumentaron la emisión de deuda privada y pública llevando al trágico desenlace de la crisis asiática de 1998. Este grupo de nuevos capitalistas o nuevos rusos -como se les solía denominar en aquella época- lograron acumular fortunas en tiempos muy cortos, y devinieron los nuevos agentes del capitalismo ruso, afirmando sin lugar a dudas la destrucción del sistema soviético, pero planteando un sinnúmero de otras preguntas respecto a la viabilidad del nuevo sistema. Si en teoría la libertad del sistema permitió una redistribución sin precedentes de la propiedad pública y la creación de una nueva clase de agentes económicos, en la práctica, llevó a que la propiedad privada se convirtiese en un bien con valor estratégico, destinado solo al enriquecimiento inmediato y al incremento de la influencia política. Es así como los sectores de extracción de recursos naturales fueron privilegiados en esta lucha por las riquezas/influencia en detrimento de industrias de maquinaria y bienes de consumo, que declinaron en la ausencia de inversiones y una estrategia industrial. Incluso los sectores más dinámicos de la economía (los de extracción de hidrocarburos) conocieron niveles de inversión y modernización muy inferiores al de sectores equivalentes en el mundo occidental industrializado. La llegada de Vladimir Putin al poder eliminó la violencia y total arbitrariedad de estos procesos de adquisición y redistribución de la propiedad, que supieron aprovechar los abundantes resquicios existentes en la legislación federal y regional. La centralización del Estado, impuesta de manera autoritaria, puso fin a una pagina de la historia rusa en la cual el poder económico y político se concentraban en las afueras del Estado y operaban en simbiosis contra la estabilidad de este último. Los ejes de la política económica del nuevo milenio restauraron la centralidad del Estado en la definición de los procesos de redistribución de la propiedad, así como favorecieron la aparición de estrategias de desarrollo sustentables para sectores industriales claves para la supervivencia del sistema territorial y político. Sin embargo, esta centralización también llevó a que el Estado interviniese de manera más o menos autoritaria en dichos sectores, ejerciendo una dominación de facto a través de los bien conocidos “recursos institucionales” en aquellos casos en que le fue imposible expropiar por vías legales. Más Estado, más estabilidad de la propiedad privada pero, ¿para el beneficio de quien y con qué significación? Estas son algunas de las preguntas que las tres últimas presidencias han sido incapaces de definir cabalmente, y que son responsables del atraso de Rusia en la toma de decisiones claves para su futuro. Examinaremos estos interrogantes en la próxima entrega de Letras Internacionales.*Doctor en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de Paris. Master en Política Comparada en Sciences-Po Paris y Master en Estudios Post-soviéticos del Programa IMARS (European University of Saint-Petersbourg/Berkeley). Actualmente es maestro de conferencias de la Universidad Americana-IES Paris y Sciences-Po Paris
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