HACIA LA SOBERANIA ALIMENTARIA, ENTRE LA REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y LA INICIATIVA LOCAL. EL PROYECTO COMUNITARIO DE RIEGO DE MARIANO ACOSTA (ECUADOR)
Ecuador es una de las primeras naciones que ha incorporado en su texto constitucional el concepto de soberanía alimentaria. En su Carta Magna de 2008, el artículo 281 señala que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación, y el artículo 282 requiere que el Estado pro...
Published in: | Cuadernos de Geografía de la Universitat de València |
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Main Authors: | , |
Format: | Article in Journal/Newspaper |
Language: | Catalan English Spanish French |
Published: |
Universitat de València, Departament de Geografia
2018
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Subjects: | |
Online Access: | https://doi.org/10.7203/CGUV.101.13725 https://doaj.org/article/65bec2a0aa2844b78014c6d7bd1188ed |
Summary: | Ecuador es una de las primeras naciones que ha incorporado en su texto constitucional el concepto de soberanía alimentaria. En su Carta Magna de 2008, el artículo 281 señala que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación, y el artículo 282 requiere que el Estado prohíba el acaparamiento o la privatización del agua. En este contexto, la gestión y la regulación de los recursos hídricos han generado divergencias entre las autoridades centrales y las comunidades rurales. La aprobación de la Ley de Aguas de 2014 ha avivado estas discrepancias. A través del análisis del proyecto comunitario de Mariano Acosta en la provincia de Imbabura, este artículo cuestiona si los proyectos y las normas de riego promovidas por las agencias gubernamentales pueden ser compatibles con las posibilidades de las comunidades campesinas para alcanzar la “soberanía alimentaria”. Los resultados muestran que cada uno de los actores implicados parece perseguir agendas distintas. Ecuador is one of the first nations to incorporate the concept of food sovereignty into its constitutional text. In its 2008 Magna Charter, Article 281 states that food sovereignty is a strategic objective and an obligation, and Article 282 requires the state to prohibit water grabbing or privatisation. In this context, the management and regulation of water resources have led to divergences between central authorities and rural communities. The adoption of the Water Act of 2 014 has fuelled these discrepancies. Through the analysis of the Mariano Acosta community project in the province of Imbabura, this article questions whether the irrigation projects and standards promoted by government agencies can be compatible with the possibilities of peasant communities to achieve “food sovereignty”. Only results show that each of the actors involved seems to pursue different agendas. |
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