Reformas del sector de la salud y participación social

• Published in: Revista Panamericana de Salud Pública
• Main Authors: Carmen Celedón, Marcela Noé
• Format: Article in Journal/Newspaper
• Language: English; Spanish; Portuguese
• Published: Pan American Health Organization 2000
• Subjects: Medicine; R; Arctic medicine. Tropical medicine; RC955-962; Public aspects of medicine; RA1-1270; Arctic; Baja; Libertad
• Online Access: https://doi.org/10.1590/s1020-49892000000700013; https://doaj.org/article/3821954569e44aed93bc108a1aa3af46

Tras una breve revisión de las diversas formas de entender la participación ciudadana en materia de salud, este artículo plantea la necesidad de que existan mecanismos de control social de cada una de las funciones que debe cumplir el sistema de salud: definición de políticas y regulación, financiamiento, aseguramiento, producción de servicios y evaluación de la eficacia y eficiencia del sistema. En general, en los países de América Latina y el Caribe la formulación de políticas en el sector de la salud continúa realizándose de forma centralizada, con escasa participación de las personas y baja adecuación a la realidad local. Aunque los procesos de reforma en la Región están avanzando en la definición o perfeccionamiento de la función de financiamiento para conciliar mejor los objetivos de equidad, eficiencia y libertad de elección, el desarrollo de instrumentos que permitan ejercer control ciudadano sobre las funciones de financiamiento y de aseguramiento del sistema es aún muy precario. Pese a los avances realizados, también se está lejos de contar con instrumentos apropiados para que la ciudadanía ejerza un control efectivo sobre los prestadores de servicios de salud. Entre los principales obstáculos para el desarrollo de la participación ciudadana en el sector destacan: la desigualdad en la distribución de los ingresos y de otras formas de poder que caracteriza a los países de la Región, el carácter incipiente del reconocimiento de los derechos de las personas frente a los servicios públicos, la escasa información acerca de esos derechos y la ausencia de mecanismos que permitan hacerlos efectivos, la precariedad con que los mecanismos de control existentes reconocen la diversidad social y recogen la opinión de las minorías o de los sectores más marginados, y el débil desarrollo de las organizaciones sociales.