Tribunal de Justicia de la Unión Europea - TJUE - Tribunal General - Auto de 6.9.2011, Inuit Tapiriit Kanatami y otros c. Parlamento y Consejo, T-18/10; Sentencia de 25.10.2011, Microban c. Comisión, T-262/10 - "Recurso de anulación - Concepto de acto reglamentario - Ausencia de afectación directa o individual" - Por fin una definición judicial de los "actos reglamentarios" del artículo 263, 4 TFUE

• Main Author: Alonso de León, Sergio
• Format: Article in Journal/Newspaper
• Language: Spanish
• Published: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 2013
• Subjects: actos reglamentarios; actos legislativos; recurso de anulación; legitimación de los particulares; medidas de ejecución; afectación directa; regulatory acts; legislative acts; action for annulment; legal standing of private parties; implementing measures; direct concern; Derecho; inuit
• Online Access: https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=4320150

Article 263.4 TFEU introduces new rules of standing for private parties concerning regulatory acts not entailing implementing measures. The notion of these acts had raised doubts until the General Court has given a definition in cases Inuit and Microban. They are defined as general non-legislative acts, a concept that is to be understood from a formal point of view. This definition clarifies some basic legal concepts in the study of the sources of secondary EU law and sets the limits of the legal standing of private parties before the EU Courts, even though it does not entail a general improvement for the right of access to justice for the citizens. El artículo 263.4 TFUE introduce una nueva regla de legitimación para los particulares relativa a los actos reglamentarios que no conlleven medidas de ejecución. La noción de estos últimos suscitaba dudas hasta que el Tribunal General los ha definido en los asuntos Inuit y Microban como actos generales no legislativos, concepto que se entiende desde un punto de vista formal. La definición judicial aclara conceptos jurídicos básicos en el estudio de las fuentes del Derecho derivado de la Unión Europea y fija los nuevos límites de la legitimación de los particulares ante los tribunales de la Unión, aunque no supone una mejora general del derecho de acceso a la justicia para los ciudadanos.